
El académico de nuestra Facultad y Director del Observatorio en Política Criminal y Seguridad Pública UdeC analiza en su nueva obra la evolución del sistema procesal penal chileno, los desafíos que plantean el crimen organizado, la ciberdelincuencia y la transformación digital, junto con la necesidad de revisar aspectos centrales de una reforma que cumple un cuarto de siglo.
La evolución que ha experimentado el sistema de justicia penal chileno en las últimas décadas, junto con los nuevos desafíos que enfrenta la persecución del delito, son el eje de "Derecho Procesal Penal. Fundamentos y Procedimiento Ordinario", la más reciente publicación del profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y director del Observatorio en Política Criminal y Seguridad Pública, Andrés Cruz Carrasco. La obra, editada por Tirant lo Blanch, entrega un análisis actualizado del procedimiento penal ordinario, incorporando las principales modificaciones legislativas, desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales que han marcado la implementación de la reforma procesal penal.
El académico explica que la motivación para escribir esta obra responde a la necesidad de analizar cómo ha evolucionado el sistema en estos 25 años y evaluar si las modificaciones introducidas han permitido responder a los nuevos escenarios delictivos. "Hoy se hace indispensable actualizar la forma en que se ha ido aplicando la legislación, considerando las decisiones de política criminal que inspiraron la reforma y las transformaciones que ha debido enfrentar el sistema", afirma. En ese escenario, destaca fenómenos como el asentamiento del crimen organizado, la ciberdelincuencia, la transformación digital y la influencia de las redes sociales, que han cambiado profundamente el contexto para el cual fue diseñado el proceso penal chileno.
En la obra, Cruz plantea que estos desafíos exigen ajustes relevantes, aunque advierte que las reformas deben construirse sobre evidencia y no únicamente como respuesta a la presión social. "Ha habido transformaciones que no siempre han logrado los efectos que se pretendían y que, en algunos casos, han tenido implicancias en el ejercicio de derechos fundamentales", sostiene. Asimismo, propone fortalecer el rol de la víctima dentro del proceso penal, señalando que "no solamente están el Estado y el imputado; la relación es tripartita y el ofendido por el delito debe ser considerado como un actor esencial dentro de la persecución penal".
El autor también advierte que uno de los principales desafíos pendientes dice relación con la capacidad del sistema para responder oportunamente a las investigaciones penales. "Los tiempos de tramitación han excedido aquello que parecía razonable y que constituyó uno de los principales objetivos que impulsó la reforma procesal penal. Hoy es indispensable revisar cómo estamos implementando el sistema en la práctica, porque existen señales de un escenario de colapso que requiere ser enfrentado", sostiene. En ese sentido, enfatiza que las reformas deben orientarse a generar soluciones efectivas y no solo respuestas destinadas a satisfacer expectativas inmediatas de seguridad pública.
Finalmente, Andrés Cruz destaca que el debate sobre el futuro del proceso penal exige una mirada interdisciplinaria que trascienda el ámbito estrictamente jurídico. "Este libro constituye un aporte desde la perspectiva jurídica y político-criminal, pero estas transformaciones requieren también la participación de disciplinas como la filosofía, la sociología, la ciencia política, entre otras. Solo así será posible construir procedimientos eficaces para enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad, resguardando al mismo tiempo los principios y derechos fundamentales que sustentan nuestro sistema de justicia", concluye.
